En la recta final de su gestión, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha vuelto a generar polémica con una medida que pone en riesgo la sostenibilidad del sistema sanitario.
Según la guía remitida por el Ministerio a las comunidades autónomas, se ha eliminado cualquier requisito de antigüedad mínima para que extranjeros sin residencia legal puedan acceder a la cobertura sanitaria con cargo a fondos públicos.
Esta decisión, que se ampara en el Real Decreto 180/2026, prescinde del criterio de permanencia de 90 días que servía como filtro para distinguir a los residentes de quienes estaban de paso.
La nueva normativa establece explícitamente que el derecho se reconocerá sin exigir un periodo mínimo de estancia en territorio español.
El Gobierno regional de Madrid ha alzado la voz de alarma ante esta imposición.
Advierten que la medida, sumada a la eliminación de controles para prevenir el turismo sanitario, supone una carga insostenible para las arcas autonómicas, que son las encargadas de gestionar la asistencia sanitaria.
La gestión de Mónica García vuelve a estar en el punto de mira por priorizar una agenda ideológica que ignora la realidad de los recursos públicos.
Mientras el sistema sanitario sufre colapsos y listas de espera, el Ministerio opta por ampliar la cobertura sin garantías de sostenibilidad financiera.
Esta guía, enviada el pasado 6 de noviembre, obliga a las comunidades a aplicar un criterio que, según los expertos, podría incentivar un efecto llamada.
La falta de control sobre quién accede al sistema y bajo qué condiciones es una muestra más de la irresponsabilidad en la gestión de los servicios básicos.
El Ministerio de Sanidad, lejos de buscar soluciones a la precariedad del sistema, parece empeñado en desmantelar los mecanismos de control existentes.
La medida ha sido recibida con indignación por parte de las autonomías, que ven cómo el Gobierno central impone políticas que comprometen la calidad asistencial de los ciudadanos.
