El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Navarra ha dictado una sentencia contundente que marca un precedente en la protección de los trabajadores frente a ceses arbitrarios durante periodos de incapacidad temporal.
El caso involucra a una directora-gerente de una entidad pública dependiente del Ayuntamiento de Tudela, quien fue cesada de su cargo mientras se encontraba de baja médica por un cuadro de ansiedad.
La resolución judicial declara la nulidad del cese, que había sido justificado por la entidad bajo la figura del desistimiento.
Según el tribunal, la decisión de la administración de prescindir de sus servicios en un momento de vulnerabilidad física y psicológica constituye una vulneración de los derechos fundamentales de la trabajadora, invalidando así la causa alegada por la entidad pública.
El conflicto se originó cuando la presidencia de la entidad notificó el cese a la gerente poco después de que esta iniciara su periodo de incapacidad temporal.
La defensa de la trabajadora argumentó que el cese no respondía a una pérdida de confianza real, sino a una represalia directa por su situación de salud, impidiéndole su derecho a la recuperación sin represalias laborales.
La sentencia subraya que, aunque se trate de cargos de confianza o directivos, la Administración no puede utilizar el desistimiento como un mecanismo para eludir las garantías laborales básicas.
El tribunal ha condenado a la entidad a indemnizar a la afectada con 25.000 euros, reconociendo el daño moral y la vulneración de derechos sufrida durante el proceso.
Este fallo refuerza la doctrina que impide que la enfermedad sea utilizada como un factor determinante para la extinción de contratos, incluso en el ámbito de la gestión pública.
La decisión del TSJ de Navarra envía un mensaje claro a las administraciones sobre los límites de su potestad organizativa cuando esta colisiona con la protección de la salud de sus empleados.
