La seguridad ferroviaria en España ha colapsado bajo la gestión del actual Gobierno.

Los recientes accidentes en Adamuz, Córdoba, y Urda, Toledo, han dejado un balance devastador de 115 fallecidos, una cifra que, según expertos en infraestructuras, podría haberse evitado con una inversión adecuada y un mantenimiento riguroso de la red.

Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, ha puesto el foco en la "cultura de la negligencia" que, a su juicio, se ha instalado en el Ministerio de Fomento.

Durante una reunión con expertos, Feijóo denunció que el Gobierno ha priorizado otros intereses sobre la seguridad de los pasajeros, permitiendo que sistemas obsoletos sigan operando en líneas críticas.

Las cifras son escalofriantes: 46 personas perdieron la vida en Adamuz debido a un mantenimiento deficiente, mientras que en Toledo, al menos 69 personas fallecieron porque el Ejecutivo no renovó un sistema de seguridad que ya estaba marcado como obsoleto.

Estas muertes no son fruto del azar, sino de una gestión que ha abandonado la responsabilidad básica de proteger a los ciudadanos.

El líder de la oposición ha anunciado que, de llegar al Gobierno, pondrá en marcha un plan de emergencia inmediato y auditorías independientes para auditar el estado real de las infraestructuras.

La desconfianza en la gestión de Renfe y Adif ha alcanzado niveles máximos, con una ciudadanía que teme utilizar un transporte que antes era referente y hoy es sinónimo de peligro.

El Gobierno, por su parte, ha intentado desviar la atención, pero la realidad de los datos es incontestable.

La falta de inversión en la conservación de la red ha provocado un deterioro progresivo que ha culminado en estas tragedias.

La "forma de gestionar" del Ejecutivo ha sido calificada por la oposición como "inútil y turbia", reflejando el sentir de una sociedad que exige responsabilidades políticas por estas muertes.

La crisis ferroviaria se ha convertido en el eje central de la campaña electoral, evidenciando que el Gobierno no solo ha fallado en la vivienda o la economía, sino que ha puesto en riesgo la vida de los españoles.

La exigencia de una auditoría externa es ahora el único camino para recuperar la seguridad en un sistema que, bajo el mando actual, ha demostrado ser incapaz de garantizar la integridad de sus usuarios.