El país sigue sin asimilar la magnitud de la tragedia.
El miércoles 28 de octubre, a las 08.54 de la mañana, un AVE de Renfe colisionaba con un tren de Iryo que se encontraba parado en la vía, entre las localidades toledanas de Mora, Orgaz y Urda.
En los dos convoyes viajaban 525 personas.
Cuatro días después, el balance provisional se mantiene en 69 fallecidos, una cifra que el Gobierno de Castilla-La Mancha no descarta que pueda aumentar por la complejidad de los trabajos en la zona cero.
La identificación de las víctimas avanza con lentitud y dolor.
Los equipos forenses han reconocido hasta el momento a 56 de los 69 fallecidos, 54 de nacionalidad española y dos extranjeros, y ya se ha notificado a las familias de 51 de ellos.
Quedan 13 personas pendientes de reconocimiento, todas extranjeras, lo que obliga a activar la cooperación internacional.
En los hospitales continúan ingresadas 31 personas, 13 de ellas en la UCI y 18 en planta.
La investigación judicial ha entrado en una fase de tensión con la operativa sobre el terreno.
La jueza instructora ha requerido con carácter urgente a la empresa de grúas contratada por Adif y Renfe que ponga a disposición todos los medios personales necesarios para trabajar de forma ininterrumpida, después de que las labores de búsqueda tuvieran que paralizarse durante la noche del sábado por falta de operarios.
Los trabajos se reanudaron el domingo a las 08.00 horas, con medio centenar de agentes de la Guardia Civil en la zona, cinco vagones ya apartados de la vía y la búsqueda de posibles restos biológicos como prioridad.
La magistrada ha dictado además un auto que prohíbe divulgar imágenes o información de las víctimas y sus familiares que pueda contribuir a su revictimización.
Mientras la justicia intenta reconstruir lo ocurrido, el frente político no deja de crecer.
El Partido Popular ha anunciado que se personará en la causa y exige al Gobierno que asuma responsabilidades.
El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha descartado dimitir y ha insistido en que hubo una cadena de errores en el Centro de Control: «Mi obligación es dar la cara», ha defendido, sin explicar todavía por qué el sistema de seguridad no impidió que un tren de alta velocidad se encontrara con otro detenido en la misma vía.
El Ejecutivo ha reaccionado con un calendario de gestos administrativos: el Consejo de Ministros del martes aprobará un real decreto con ayudas para los afectados y, a continuación, Puente comparecerá en rueda de prensa en el Palacio de la Moncloa.
Renfe, por su parte, asegura que trabaja en un documento con nuevas medidas de refuerzo de la seguridad ferroviaria y que revisa sus procedimientos internos para mejorar la respuesta de los maquinistas ante incidencias en los sistemas de protección.
Nada de eso devuelve la vida a las 69 víctimas ni responde a la pregunta que las familias llevan días haciendo en voz alta: quién debía haber evitado que dos trenes coincidieran en la misma vía.
La solidaridad se ha organizado al margen de la política.
La Catedral Primada de Toledo acogerá en los próximos días un funeral oficial por las víctimas, según anunció el arzobispo Francisco Cerro Chaves, aunque la fecha sigue sin concretarse.
Iryo ha cerrado los centros de atención a familiares de Córdoba y Sevilla tras atender las necesidades presenciales y mantiene operativo el de Toledo, además del teléfono 900 001 043.
Renfe conserva sus puntos de atención en Madrid, Toledo y Sevilla y el número 900 101 020 para familiares y afectados.
Los equipos psicológicos atienden también a los agentes de la Guardia Civil que trabajan en la zona, «muy curtidos pero con frustración», en palabras del comandante Andrés López.
El accidente de Urda es ya el siniestro ferroviario más grave del año en España y se suma a una serie de incidentes que han puesto en cuestión la seguridad del sistema durante 2026.
España decretó tres días de luto oficial y guardó un minuto de silencio, pero las preguntas incómodas siguen sin respuesta: sobre la inversión y el mantenimiento de la red, sobre los protocolos del Centro de Control y sobre la responsabilidad política de quienes gobiernan la infraestructura.
Hasta que alguien las conteste, las 13 víctimas que aún esperan ser identificadas seguirán siendo el recordatorio más duro de que esta tragedia no fue solo una fatalidad.
