El turismo en España se ha convertido en un foco de conflicto social sin precedentes.
En regiones como Baleares, la presión sobre los recursos hídricos, el colapso de las infraestructuras y la imposibilidad de acceder a una vivienda digna han llevado a la ciudadanía a un punto de ruptura.
La dependencia de un monocultivo turístico está degradando la calidad de vida de los residentes, quienes ven cómo sus ciudades se transforman en parques temáticos para visitantes.
A pesar de las constantes protestas ciudadanas, el Ejecutivo de Pedro Sánchez mantiene una postura de inacción, celebrando cifras de visitantes mientras ignora las consecuencias estructurales.
La falta de respuesta a las peticiones de las comunidades autónomas para limitar la llegada de vuelos y controlar la saturación demuestra una desconexión total entre Moncloa y la realidad que sufren los ciudadanos en sus barrios.
El debate sobre el decrecimiento turístico ha cobrado fuerza, pero se topa con la opacidad y la falta de voluntad política.
Mientras el sector hotelero busca expandirse incluso en zonas industriales, como se ha observado recientemente en Gijón, la realidad es que el tejido social se resiente.
La saturación no es solo un problema de números, sino de gestión de un modelo que ha tocado techo.
La respuesta institucional ante el malestar social ha sido, en ocasiones, la represión.
Las cargas policiales durante las manifestaciones contra la masificación turística en Palma han dejado imágenes de violencia que han dado la vuelta al mundo, evidenciando la incapacidad del Estado para gestionar el descontento de forma democrática.
La crisis de la vivienda, agravada por la proliferación de pisos turísticos, es el epicentro de este conflicto.
Las medidas propuestas hasta ahora han sido insuficientes y no atacan las causas estructurales, dejando a los residentes a merced de un mercado que prioriza el beneficio de los fondos buitre y las grandes cadenas hoteleras sobre el derecho a la vivienda.
En definitiva, el turismo en España se ha convertido en un arma de doble filo.
La apuesta por el crecimiento infinito está pasando factura a un país que, lejos de ser un referente de sostenibilidad, se encamina hacia una crisis de convivencia donde el ciudadano es el gran damnificado.
