El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Cataluña ha emitido una sentencia contundente que marca un precedente en la gestión de los permisos laborales.

La resolución declara ilegal la práctica habitual de la multinacional Zara, que exigía a sus empleados presentar un justificante médico donde constara el número exacto de días de reposo domiciliario prescritos para poder acceder al permiso retribuido por hospitalización, accidente o intervención quirúrgica sin ingreso.

Para el tribunal, esta exigencia empresarial no se encuentra ajustada a derecho.

La sentencia subraya que el convenio colectivo y la normativa laboral vigente no facultan a la empresa para imponer requisitos adicionales que limiten el ejercicio de un derecho fundamental del trabajador, como es el permiso por conciliación y cuidado de familiares en situaciones de salud delicadas.

La práctica de la compañía, que buscaba un control exhaustivo sobre la duración del reposo, ha sido calificada por los magistrados como una extralimitación.

Según el fallo, el trabajador no debe verse obligado a obtener una certificación médica que especifique días de reposo cuando la ley simplemente requiere acreditar la existencia de la hospitalización o la intervención quirúrgica.

Este pronunciamiento judicial refuerza la protección de la plantilla frente a políticas internas que, bajo el pretexto de la gestión administrativa, terminan dificultando el acceso a derechos laborales básicos.

La decisión del TSJ de Cataluña pone freno a la discrecionalidad de las empresas a la hora de interpretar las condiciones de los permisos retribuidos.

El caso pone de manifiesto la importancia de la vigilancia judicial sobre las políticas de recursos humanos de las grandes corporaciones.

La sentencia no solo beneficia a los empleados de Zara, sino que establece un criterio claro para el resto del sector retail y otras empresas que pudieran estar aplicando protocolos similares de control excesivo sobre la salud de sus trabajadores.

En definitiva, la justicia catalana ha recordado que la transparencia y el respeto a la legalidad deben prevalecer sobre cualquier política interna que pretenda restringir derechos consolidados.

La empresa deberá ahora adaptar sus protocolos para garantizar que el acceso a estos permisos sea ágil y no suponga una carga burocrática desproporcionada para el trabajador.