La catástrofe ferroviaria de Urda, que se ha cobrado la vida de 69 personas, ha dinamitado el tablero político y amenaza con quebrar el blindaje habitual de las organizaciones sindicales afines a La Moncloa.
El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha emplazado este martes a UGT y CCOO a suspender de inmediato la huelga general convocada para el próximo 11 de noviembre.
Para el líder de la oposición, mantener un paro laboral en este contexto de duelo e indignación nacional supone un «grave error» que solo persigue desviar la atención de las responsabilidades directas del Ministerio de Transportes.
Durante su intervención en un foro informativo celebrado en Madrid, el dirigente popular no ha cuestionado formalmente el derecho constitucional a la huelga, pero ha atacado con dureza la oportunidad y los motivos políticos de la cita.
A juicio de Feijóo, si la movilización ya resultaba «incomprensible» por dirigirse contra las políticas de vivienda de las administraciones gobernadas por la oposición, insistir en ella a tres semanas de los comicios y tras una de las peores tragedias sobre raíles de la historia reciente de España deja al descubierto la instrumentalización partidista del movimiento sindical.
Un cerco político a La Moncloa y a la cúpula de Transportes
El mensaje de los populares va directo a la línea de flotación de las centrales mayoritarias.
Feijóo ha avisado de que, de no rectificar, los líderes sindicales «ligarán su imagen a Pedro Sánchez para siempre», recordando que durante ocho años de mandato socialista evitaron cualquier confrontación social de esta magnitud.
La advertencia busca capitalizar el malestar creciente entre las bases laborales ante el evidente deterioro de la red ferroviaria y el intento oficial de acotar el siniestro de Urda a un fallo operativo puntual de un técnico, descargando de culpas al ministro Óscar Puente.
La ofensiva de la oposición profundiza en la brecha institucional que arrastra el Ejecutivo central, incapaz de frenar las dudas sobre la seguridad de las infraestructuras de alta velocidad y media distancia.
Desde el cuartel general de Génova se acusa a La Moncloa de eludir las explicaciones parlamentarias de máximo nivel y de recurrir a sus terminales afines para fabricar una movilización de resistencia antes del veredicto de las urnas.
La presión sobre la permanencia de Puente y la exigencia de una auditoría integral del sistema ferroviario sitúan al Gabinete de Sánchez en una posición defensiva extrema.
El emplazamiento a los sindicatos sitúa ahora la pelota en el tejado de las ejecutivas de UGT y CCOO, cuyos afiliados asisten con perplejidad al choque entre el duelo de las familias de las víctimas y la conveniencia electoral del Ejecutivo.
En los pasillos del poder se asume ya que la tragedia de Urda no será un episodio pasajero: ha desmontado el relato de la modernización de los servicios públicos y coloca a los aliados tradicionales del sanchismo ante el dilema de secundar el luto popular o inmolarse en defensa de un Gobierno en declive.
