La seguridad alimentaria en España vuelve a estar en entredicho tras la detección de graves irregularidades en la cadena de suministro.

Informes sobre fraude alimentario han puesto de manifiesto que el control sobre lo que llega a las mesas de los españoles es, en el mejor de los casos, deficiente.

La inmovilización de 186 toneladas de pescado congelado por etiquetado incorrecto y la ocultación deliberada de su origen es solo la punta del iceberg de un problema sistémico.

No se trata de un hecho aislado.

La incautación de más de 1.500 kg de caballa sin trazabilidad y el decomiso de 50 toneladas de alimentos no aptos para el consumo en Alicante, debido a condiciones de almacenamiento y manipulación deplorables, demuestran una falta de vigilancia por parte de las autoridades competentes.

Estas prácticas no solo engañan al consumidor, sino que suponen un riesgo directo para la salud pública.

El fraude alimentario, definido como cualquier acción con fines de lucro donde se miente sobre la calidad o el contenido de un producto, parece haberse convertido en una práctica recurrente en un mercado donde la rentabilidad prima sobre la seguridad.

La falta de trazabilidad permite que productos de dudosa procedencia se introduzcan en los canales de distribución sin que el consumidor tenga forma de saber qué está comprando realmente.

A nivel europeo, la situación es igualmente preocupante.

Operaciones como la SHIELD VI de Europol han destapado redes de delincuencia que operan a gran escala, moviendo millones de euros en productos falsificados y sustancias ilegales.

España, lamentablemente, no es ajena a esta realidad, siendo un punto clave en la distribución de alimentos que no cumplen con los estándares mínimos exigidos por la Unión Europea.

La respuesta de las instituciones españolas ante estos hallazgos ha sido insuficiente.

Mientras se producen incautaciones masivas, no se observan medidas contundentes para prevenir que estas situaciones vuelvan a repetirse.

La falta de medios y de una política de inspección rigurosa deja la puerta abierta a que el fraude siga campando a sus anchas.

Es imperativo que se refuerce la Agencia de Control e Información Alimentarios y que se dote de más recursos a los inspectores para garantizar que la cadena alimentaria sea transparente.

Los ciudadanos merecen saber qué consumen y no ser víctimas de un sistema que permite que la codicia de unos pocos ponga en peligro la salud de todos.