La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha vuelto a poner el foco sobre la alarmante situación de las trabajadoras del hogar, un sector que sigue marcado por la precariedad y la falta de derechos fundamentales.

Según los datos más recientes, el 83,1% de estas trabajadoras a nivel global carece de protección laboral y social, una cifra que ha aumentado en más de cinco millones desde 2019.

En España, la realidad no es distinta.

El empleo doméstico se ha consolidado como una de las principales vías de acceso al mercado laboral para las mujeres migrantes, muchas de las cuales cuentan con formación académica que no pueden ejercer.

Esta situación de vulnerabilidad se agrava cuando carecen de permiso de trabajo, lo que las obliga a aceptar condiciones de explotación en casas particulares sin ningún tipo de cobertura legal.

Patrick Belser, jefe de la Unidad de Trabajo Informal de la OIT, ha sido contundente al señalar la hipocresía de las políticas actuales: «No podemos decir que valoramos los cuidados mientras infravaloramos a quienes los prestan».

Esta falta de reconocimiento se traduce en jornadas laborales extenuantes, donde un porcentaje significativo de las empleadas supera las 49 horas semanales.

A pesar de que España ratificó el Convenio 189 y aprobó el Real Decreto-ley 16/2022 para intentar regularizar la prestación por desempleo y limitar el despido sin causa, la realidad en los hogares españoles sigue siendo de desprotección.

La informalidad sigue siendo la norma, dejando a miles de mujeres en un limbo jurídico donde los abusos son una constante silenciada.

La dependencia de este sector para el sostenimiento de los cuidados en España choca frontalmente con la incapacidad del Estado para garantizar condiciones dignas.

Mientras el Gobierno se pierde en burocracia, las trabajadoras continúan siendo el eslabón más débil de una cadena de cuidados que se sostiene sobre la precariedad y la invisibilidad de quienes la hacen posible.