La voracidad recaudatoria del Gobierno no conoce límites.

Según datos recientes recogidos por la CEOE, los ingresos del Estado a través del IRPF han experimentado un crecimiento interanual del 21,2%.

Este dato, lejos de ser un motivo de celebración, evidencia la asfixia fiscal a la que están sometidas las familias españolas, que ven cómo su renta disponible se reduce ante una inflación que se mantiene en niveles preocupantes, situándose en el 4,9% en septiembre.

Mientras el Ejecutivo presume de ingresos, el tejido empresarial español se encuentra contra las cuerdas.

El 63,2% de las empresas señala que el coste de la energía es el principal freno para su actividad, una situación agravada por la falta de mano de obra y la incertidumbre sobre la política económica, que afecta al 57,6% de las compañías.

La realidad es que el crecimiento económico, del que tanto alardea el Gobierno, esconde unas costuras cada vez más débiles.

La financiación también se ha convertido en un calvario.

El crédito nuevo para pequeñas empresas encadena cuatro meses de caídas, con un descenso del 4,7%, lo que demuestra que el acceso al capital es cada vez más difícil para quienes realmente generan empleo.

Las microempresas, por su parte, siguen sin recuperar los niveles de actividad previos a 2019, evidenciando un estancamiento estructural que el Gobierno se niega a reconocer.

La inflación subyacente, que se mantiene en el 3,1%, sigue erosionando el poder adquisitivo de los hogares.

A pesar de las prórrogas en las ayudas al combustible, la realidad es que los costes laborales han crecido un 4,0%, lo que presiona los márgenes de beneficio de las empresas y pone en riesgo la viabilidad de miles de negocios.

La economía española no es inmune a la realidad, por mucho que desde Moncloa se intente vender una imagen de fortaleza.

La incertidumbre internacional y las condiciones financieras más exigentes dibujan un horizonte sombrío para 2027.

Las previsiones apuntan a un enfriamiento de la actividad económica, mientras el Gobierno sigue sin ofrecer soluciones reales a los problemas de fondo, limitándose a gestionar una recaudación récord a costa del bolsillo de los contribuyentes.

Es imperativo denunciar que este modelo de crecimiento basado en la presión fiscal no es sostenible.

Mientras el Estado se nutre de los impuestos de los ciudadanos, la capacidad de ahorro de las familias se desploma y la inversión productiva se estanca, hipotecando el futuro de las próximas generaciones.