Casi cinco años después de la entrada en vigor de la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez, los resultados reales distan mucho de la narrativa triunfalista que desde Moncloa se ha intentado vender.

Lejos de garantizar la estabilidad prometida, las estadísticas revelan un mercado laboral marcado por la volatilidad y la precariedad, donde la duración media de los contratos ha caído hasta los 45 días.

El dato más alarmante es el incremento del 78% en el número de fijos discontinuos que se encuentran en situación de inactividad, una cifra que pone en evidencia el uso de esta figura contractual para maquillar las estadísticas de paro.

Estos trabajadores, aunque técnicamente tienen un contrato, no están ejerciendo su actividad ni percibiendo un salario, lo que supone una forma de desempleo encubierto que el Gobierno se niega a reconocer.

La reforma, que prometía acabar con la temporalidad, ha terminado por fragmentar aún más el mercado de trabajo.

La caída en la duración media de los contratos, que ha descendido nueve días desde la implementación de la norma, demuestra que la rotación laboral sigue siendo la norma.

Las empresas, ante la rigidez impuesta, han optado por contratos de muy corta duración, lo que impide a los trabajadores planificar su futuro o acceder a condiciones de vida dignas.

La realidad que viven miles de trabajadores españoles es la de una precariedad estructural que la reforma no ha logrado desterrar.

Los salarios insuficientes, sumados a la inflación persistente, han provocado que tener un empleo ya no sea garantía de poder cubrir las necesidades básicas.

Esta situación ha sido uno de los motores del descontento social que ha desembocado en la huelga general de ayer.

El Gobierno ha intentado ocultar estos datos bajo una capa de propaganda, celebrando cifras de empleo que no reflejan la calidad ni la estabilidad de los puestos creados.

Sin embargo, la realidad de los datos económicos es tozuda: la reforma laboral ha sido un parche que no ha resuelto los problemas de fondo de la economía española, dejando a una gran parte de la población en una situación de vulnerabilidad constante.

La persistencia de la precariedad y la falta de oportunidades reales para los jóvenes y los trabajadores menos cualificados son el legado de una política laboral que ha priorizado el titular político sobre el bienestar de los ciudadanos.

Mientras el Ejecutivo sigue celebrando sus supuestos éxitos, la realidad del mercado laboral español sigue siendo una de las más precarias de Europa.