En la recta final de su gestión, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha vuelto a generar una fuerte controversia con una medida que pone en riesgo la sostenibilidad del sistema público de salud.

A través de una guía enviada a las comunidades autónomas el pasado viernes, el Ministerio ha eliminado cualquier requisito de antigüedad para que extranjeros sin residencia legal puedan acceder a la cobertura sanitaria con cargo a fondos públicos.

Esta decisión, que prescinde del criterio de permanencia de 90 días que servía como filtro para evitar el uso indebido del sistema, ha sido recibida con gran preocupación por parte de las autoridades regionales.

La Comunidad de Madrid ha sido una de las voces más críticas, advirtiendo que esta medida carece de controles definidos para prevenir el llamado 'turismo sanitario', una práctica que podría sobrecargar aún más una sanidad ya de por sí colapsada.

La medida, que se ampara en el Real Decreto 180/2026, elimina la distinción entre personas en estancia temporal y aquellas que residen de forma irregular, permitiendo el acceso inmediato a la asistencia.

Los críticos señalan que esta política, lejos de garantizar la universalidad, pone en peligro la calidad de la atención para los ciudadanos que ya contribuyen al sistema, al no prever los recursos necesarios para absorber este incremento de demanda.

La gestión de Mónica García al frente de Sanidad ha estado marcada por una constante huida hacia adelante, priorizando medidas ideológicas sobre la gestión eficiente de los recursos.

La eliminación de los controles de antigüedad es vista por muchos expertos como una irresponsabilidad que ignora la realidad de un sistema sanitario que sufre listas de espera históricas y una falta crónica de profesionales.

El Gobierno regional de Madrid ha cuestionado duramente la falta de rigor en la implementación de esta normativa, señalando que la desaparición de las referencias para prevenir viajes con finalidad sanitaria tendrá consecuencias económicas directas.

La falta de una planificación adecuada y el desprecio por las advertencias de las comunidades autónomas reflejan, una vez más, la forma de actuar de un Ministerio que parece vivir de espaldas a la realidad asistencial.

Mientras el Ministerio insiste en su política de puertas abiertas, los profesionales sanitarios siguen denunciando la precariedad de sus condiciones y la falta de medios.

La medida de García no solo no soluciona los problemas estructurales de la sanidad, sino que añade una presión adicional que podría terminar por quebrar la viabilidad del sistema público en muchas regiones.