Tardó seis días, dos comparecencias y una cascada de peticiones de dimisión de la oposición, pero Óscar Puente ha terminado cayendo.
Lo hizo este martes, en el último turno de palabra de su comparecencia ante la Diputación Permanente del Congreso, el escenario que él mismo había elegido para defender su gestión del accidente ferroviario de Urda del pasado 28 de octubre, que deja 69 muertos y unos 200 heridos.
El ministro de Transportes leyó la dimisión con una frase que resume el motivo y, de paso, el reproche: "Un ministro de transportes de un país como España no puede continuar en su cargo con dos accidentes de esa gravedad en menos de un año".
Añadió que lo decidió "en los primeros minutos de la tragedia" y que se trata de "una cuestión de dignidad política y de empatía con las víctimas".
Minutos antes había comunicado su decisión a Pedro Sánchez.
La dimisión no se queda en el ministerio.
Puente deja todos sus cargos en el Gobierno y en el partido y renuncia a ir en las listas del PSOE para las elecciones del 29N, donde estaba llamado a ser uno de los nombres fuertes de la candidatura socialista.
Es decir, sale de la política activa en el peor momento posible para el Ejecutivo, a menos de un mes de las urnas y con el país hablando de seguridad ferroviaria.
El dato que no encaja en ese gesto: el Gobierno no ha designado sustituto.
La dimisión deja vacante la cartera que gestiona Adif y Renfe, las dos empresas señaladas por el comité de empresa de Adif, que ya ha acordado una huelga para el 17 de noviembre por la seguridad en la red, aunque todavía sin convocar formalmente.
La responsabilidad se para en el ministro y no sube un piso más, que es exactamente donde la oposición quería llevarla.
Las reacciones han ido en esa dirección.
El PP ha respondido que la responsabilidad de Puente "no es exclusiva", un modo elegante de señalar a La Moncloa sin decirlo.
El BNG ha respaldado la salida pero ha avisado de que la dimisión "no exime" de reforzar la seguridad ferroviaria.
Y en el Congreso han circulado toda la tarde las palabras de quienes llevaban días pidiendo su cabeza mientras el ministro defendía su gestión desde el atril.
EL CONTEXTO QUE EXPLICA LA CAÍDA
Urda no es un accidente aislado en la legislatura.
Es el segundo siniestro grave en menos de un año en una red que acumula averías, retrasos y decisiones de inversión discutidas mientras el departamento gastaba esfuerzo político en defender su propio relato.
Cuando el 3 de noviembre el ministro se sentó ante la Diputación Permanente ya no defendía un expediente técnico: defendía su continuidad con 69 nombres detrás.
La salida personal de Puente no cierra ninguna de las preguntas que el accidente ha abierto.
No explica por qué el sistema de seguridad falló en una línea de alta velocidad, no decide quién dirige ahora Transportes y no resuelve el problema de fondo: un modelo ferroviario que ha crecido en pasajeros y anuncia sobre una inversión que no ha ido al mismo ritmo.
Dimite una persona.
El problema sigue en el BOE.
Queda el gesto, que en política cuenta.
Puente ha hecho lo que otros cargos de este Gobierno no han hecho en crisis anteriores: asumir un coste personal cuando ya nadie se lo exigía por reglamento.
Eso no le quita responsabilidad por lo ocurrido, pero sí marca una diferencia incómoda para quienes, desde arriba, esperaban que el caído fuera otro.
