La economía española se encamina hacia una etapa de estancamiento.
Tras un periodo de crecimiento moderado, los principales organismos económicos, incluyendo Funcas y la CEOE, han confirmado una desaceleración progresiva que se prolongará hasta 2028.
El avance del PIB, que se espera sea del 2,6% este año, caerá significativamente en los ejercicios venideros.
Esta pérdida de dinamismo no es casual.
La incertidumbre sobre la política económica, citada por más del 57% de las empresas en las encuestas del Banco de España, está paralizando la inversión privada.
Los empresarios no encuentran un marco estable para desarrollar sus proyectos, lo que se traduce en una menor creación de empleo y una menor productividad.
El informe de la CEOE destaca que la segunda mitad de 2026 ya muestra señales claras de agotamiento en el consumo y la inversión.
Las empresas, especialmente las pequeñas, operan con rentabilidades reducidas y dificultades crecientes para acceder a la financiación, lo que limita su capacidad de supervivencia en un mercado cada vez más hostil.
La creación de empresas ha mostrado signos de debilidad, mientras que las disoluciones han experimentado picos preocupantes.
La desaparición de compañías, que en meses anteriores llegó a alcanzar las 69 bajas diarias, es un síntoma claro de un tejido empresarial que no logra adaptarse a la presión fiscal y a los costes operativos actuales.
La dependencia de factores externos y la falta de reformas estructurales profundas han dejado a España en una posición de vulnerabilidad.
Mientras otros países europeos han apostado por la competitividad, la economía española sigue lastrada por una burocracia excesiva y una gestión gubernamental que prioriza el gasto público sobre la inversión productiva.
El futuro inmediato se presenta complejo.
Con una previsión de crecimiento que caerá al 1,8% en 2027 y al 1,7% en 2028, el país se enfrenta a un escenario de bajo crecimiento que dificultará la creación de empleo de calidad y la reducción de las desigualdades sociales.
