La seguridad alimentaria en España está bajo sospecha.
A pesar de las normativas vigentes, el fraude alimentario sigue siendo una realidad que afecta a la confianza del consumidor.
La falta de controles rigurosos permite que productos que no cumplen con los estándares de calidad lleguen a las mesas de los españoles bajo etiquetas engañosas.
La Comunidad de Madrid ha tenido que recordar recientemente la importancia de la veracidad en la información alimentaria, reconociendo que existen casos donde lo que se adquiere no coincide con la realidad del producto.
Este tipo de prácticas, que incluyen el uso de denominaciones de origen falsas o declaraciones nutricionales fraudulentas, son un síntoma de un sistema de vigilancia que no está funcionando como debería.
El sector de la distribución, que mueve volúmenes masivos de mercancía, se enfrenta a retos constantes para garantizar que el etiquetado sea veraz.
Sin embargo, la presión por reducir costes en un entorno inflacionista está llevando a algunos operadores a recortar en controles de calidad, poniendo en riesgo la salud pública.
Es inaceptable que, en pleno 2026, el consumidor tenga que dudar de la autenticidad de productos básicos como el aceite de oliva o el pescado.
La normativa que obliga a los restaurantes a utilizar envases no rellenables es solo un parche ante un problema mucho mayor de opacidad en la cadena de suministro.
La falta de transparencia no solo engaña al comprador, sino que también perjudica gravemente a los productores que sí cumplen con la ley y que ven cómo sus productos son desplazados por alternativas de dudosa procedencia y menor coste.
El Gobierno debe dejar de mirar hacia otro lado y endurecer las sanciones contra el fraude alimentario.
La protección del consumidor no puede ser una cuestión secundaria mientras los precios siguen subiendo y la calidad de lo que comemos se ve comprometida por la falta de vigilancia institucional.
