La economía española se enfrenta a un escenario de inflación persistente que no da tregua a los hogares.

Lejos de la moderación prometida por los responsables económicos, el Banco de España ha advertido que los precios permanecerán en niveles altos, estimando una media del 3,9% para 2026 y del 3,7% para 2027.

Este repunte inflacionista, que ha vuelto a acelerarse con fuerza en los últimos meses, está erosionando el poder adquisitivo de las familias.

El encarecimiento de la energía y de los bienes básicos ha provocado que la inflación armonizada española se sitúe sistemáticamente por encima de la media de la eurozona, dejando a los ciudadanos en una posición de clara desventaja.

El impacto en el tejido empresarial es igualmente preocupante.

Las empresas, especialmente las pequeñas y medianas, se ven obligadas a absorber mayores costes en un entorno de incertidumbre política y económica.

Según la Encuesta del Banco de España sobre la Actividad Empresarial, el coste de la energía condiciona la actividad de más del 63% de las compañías.

La falta de una política económica coherente ha dejado a la economía española sin herramientas eficaces para frenar esta escalada.

Mientras el Gobierno se centra en la propaganda, la realidad es que la inflación subyacente sigue siendo un problema estructural que amenaza la competitividad del país.

Además, la crisis de la vivienda, agravada por la falta de obra nueva y una gestión ineficiente, sigue disparando los precios de alquiler y compra.

El déficit de 750.000 viviendas en España es una bomba de relojería que, lejos de desactivarse, sigue alimentando la tensión social.

La combinación de precios altos, salarios que no crecen al mismo ritmo y una deuda pública desbocada dibuja un panorama sombrío.

Los ciudadanos son los principales damnificados de una gestión que ha priorizado el corto plazo sobre la estabilidad económica necesaria para el crecimiento real.