El panorama de la transición energética en España se enfrenta a una realidad incómoda: la proliferación de comunidades energéticas sobre el papel no se traduce en una operatividad real.
Según datos recientes, apenas el 27% de las entidades constituidas bajo las figuras de Comunidades de Energías Renovables (CER) y Comunidades Ciudadanas de Energía (CCE) están funcionando efectivamente.
Esta desconexión entre la creación formal y la puesta en marcha operativa revela una brecha estructural que el sector energético no puede ignorar.
Mientras el marco regulatorio, impulsado por medidas como el Real Decreto-ley 7/2026, intenta facilitar el despliegue ampliando distancias de generación, la burocracia y la falta de modelos de gestión eficaces frenan el avance.
La situación es crítica para los inversores y los ciudadanos que apostaron por este modelo de autogestión.
La falta de operatividad no solo frustra las expectativas de ahorro, sino que también bloquea el potencial de democratización energética que el Gobierno prometió como pilar de la transición hacia un sistema más descentralizado.
Expertos del sector señalan que la clave reside en la falta de herramientas tecnológicas adecuadas.
La gestión de datos de consumo, el almacenamiento compartido y los servicios de acompañamiento técnico son áreas donde la ineficiencia es más palpable, dejando a muchas comunidades en un limbo administrativo.
La urgencia es máxima ante el calendario político.
Con la proximidad de los comicios del 29 de noviembre, el sector teme que el reglamento actual, que aún opera como borrador, quede en el olvido si no se consolida su exigibilidad de manera inmediata, dejando a miles de proyectos en una incertidumbre total.
En última instancia, el éxito de las comunidades energéticas dependerá de la capacidad de las administraciones para simplificar los procesos y de la industria para ofrecer soluciones de software y almacenamiento que permitan cerrar la brecha entre la teoría legal y la realidad energética del país.
