El modelo turístico español está bajo sospecha.
Lo que durante años se vendió como un motor de prosperidad, hoy se percibe en muchas zonas como una fuente de problemas insostenibles.
La saturación de espacios públicos, el encarecimiento de la vivienda y la degradación de los servicios básicos han provocado que la ciudadanía se alce contra una gestión que consideran fallida.
En Palma, las protestas han sido una constante durante los últimos meses.
Los vecinos, hartos de no poder acceder a espacios de su propia ciudad, han organizado sentadas y movilizaciones para exigir medidas que mejoren su calidad de vida.
La respuesta de las autoridades ha sido, hasta ahora, insuficiente y marcada por la confrontación política.
El problema no se limita a las islas.
En Cantabria, proyectos como la construcción de una piscina de olas en zonas naturales han generado un fuerte rechazo vecinal.
Los residentes temen que este tipo de infraestructuras fomenten un modelo turístico invasivo que termine por destruir la tranquilidad de zonas que aún se mantienen al margen de la masificación extrema.
Expertos en turismo señalan que la difusión de destinos a través de redes sociales ha provocado un desbordamiento difícil de controlar.
Sin embargo, la responsabilidad última recae en las administraciones, que han sido incapaces de implementar ordenanzas municipales efectivas para regular los flujos turísticos y proteger a los residentes.
La crisis de la vivienda es otro de los pilares de este descontento.
La proliferación de pisos turísticos ha expulsado a los locales de los centros urbanos, convirtiendo barrios enteros en parques temáticos para visitantes.
Esta situación ha generado un malestar social que, lejos de disiparse, parece ir en aumento.
El descontento es generalizado.
Mientras el gobierno y las instituciones locales se pierden en debates estériles, la realidad en las calles es de una saturación que ya no se puede ocultar.
La ciudadanía exige un cambio de rumbo que ponga a las personas por encima de las cifras de visitantes.
