La legislatura de Pedro Sánchez llega a su fin marcada por una sombra que no ha dejado de crecer: la corrupción.

Con más de 20 tramas abiertas y una factura estimada de 5.432 millones de euros para el erario público, el Gobierno se enfrenta a un balance judicial que ha desgastado profundamente su credibilidad ante la ciudadanía.

Desde el inicio del mandato, el enfrentamiento con el poder judicial ha sido una constante.

La oposición ha utilizado los tribunales como principal herramienta de control ante un Ejecutivo que, según denuncian, ha intentado blindarse frente a las investigaciones.

Casos que implican a figuras destacadas del PSOE y del entorno ministerial han sido el denominador común de estos años.

El informe 'Blindaje Democrático' y el catálogo de la corrupción sanchista detallan cómo el dinero de los contribuyentes ha sido desviado a través de contratos amañados y ayudas públicas concedidas a empresas de familiares directos de altos cargos.

Esta red de irregularidades no solo ha afectado a la reputación del Gobierno, sino que ha tenido un impacto directo en las cuentas del país.

Además de los casos de corrupción, la gestión de los fondos del Plan de Recuperación está bajo la lupa de la Fiscalía Europea, que investiga un fraude de 465 millones de euros.

Estas irregularidades, sumadas a las investigaciones sobre la financiación irregular del PSOE, han creado una crisis institucional que ha permeado en todas las estructuras del partido.

La dimisión de ministros clave, como Óscar Puente, es solo el último eslabón de una cadena de salidas motivadas por escándalos públicos y malestar interno.

Desde Máximo Huerta hasta José Luis Ábalos, la lista de cargos que han tenido que abandonar sus puestos por irregularidades es extensa y refleja la inestabilidad de un Ejecutivo que ha hecho de la crisis su forma de gobernar.

Ante la cita electoral del 29 de noviembre, el Gobierno intenta reivindicar su gestión, pero los datos y las causas judiciales abiertas cuentan una historia diferente.

La ciudadanía se enfrenta a un escenario donde la corrupción ha dejado de ser un hecho aislado para convertirse en una característica definitoria de la legislatura que ahora termina.