La sanidad pública española atraviesa uno de sus momentos más críticos.

En un encuentro celebrado recientemente en León, los consejeros de Sanidad de Cantabria, Castilla y León, La Rioja, Comunidad Valenciana y Galicia han escenificado una alianza frente a lo que consideran un colapso inminente del sistema.

La reunión, impulsada por el presidente del Consejo de Colegios Médicos de Castilla y León, José Luis Díaz Villarig, ha servido para poner de manifiesto el hartazgo de las regiones ante la falta de soluciones efectivas desde el Ejecutivo central.

Durante el foro, el consejero de Sanidad de Castilla y León, Alejandro Vázquez, no dudó en señalar al Gobierno de Pedro Sánchez como el principal responsable de la actual inestabilidad.

Según Vázquez, la tramitación de borradores ministeriales sin consenso ha sido el detonante de una serie de huelgas que han deteriorado gravemente la atención sanitaria en todo el territorio nacional.

Los responsables autonómicos han urgido a abordar problemas estructurales que el Gobierno ha ignorado sistemáticamente, tales como la conciliación, la jornada laboral y la precariedad en las retribuciones de las guardias.

La disparidad de criterios y la falta de una estrategia nacional coherente han dejado a las comunidades en una situación de vulnerabilidad extrema.

El diagnóstico de los expertos es claro: el sistema está al límite.

La amenaza de un parón sanitario generalizado sobrevuela el país mientras el Ministerio de Sanidad se mantiene en una postura de negación, ignorando las advertencias de los profesionales que ven cómo la calidad asistencial se degrada día tras día.

Esta crisis se ve agravada por la inestabilidad política que vive España, con unas elecciones generales a la vuelta de la esquina.

Los consejeros han advertido que el panorama actual es insostenible y que la gestión ministerial ha fracturado la confianza entre los profesionales y la administración pública.

La situación en los hospitales y centros de atención primaria refleja un agotamiento que va más allá de lo coyuntural.

Mientras el Gobierno se centra en sus propios intereses electorales, los ciudadanos sufren las consecuencias de un sistema que, lejos de ser el referente que prometieron, se desmorona bajo el peso de una gestión deficiente y una falta de planificación alarmante.