La situación de la sanidad pública en Cantabria se ha vuelto insostenible para miles de ciudadanos.
Según los últimos datos, el sistema mantiene a más de 94.000 pacientes en listas de espera, una cifra que evidencia la incapacidad de la administración regional para gestionar la demanda asistencial de manera eficiente.
Aunque el Ejecutivo regional ha intentado vender como un alivio un descenso del 2% en las listas quirúrgicas durante el mes de octubre, la realidad es mucho más cruda.
Este dato es meramente anecdótico frente al volumen global de pacientes que siguen esperando una solución a sus problemas de salud.
La atención especializada es uno de los puntos más críticos, con un incremento del 1,1% en el número de personas que aguardan para ser vistas por un facultativo, alcanzando las 39.681 personas.
Esta demora impide que los pacientes reciban un diagnóstico temprano, agravando sus patologías.
Por otro lado, 37.890 ciudadanos continúan a la espera de pruebas diagnósticas fundamentales.
La demora media para estos procedimientos se encuentra estancada en torno a los dos meses, concretamente 66 días, lo que supone un calvario para quienes necesitan conocer su estado de salud para iniciar tratamientos.
La acumulación de pacientes pendientes de atención se ha consolidado como el principal reto estructural que el Gobierno de María José Sáenz de Buruaga no ha logrado resolver.
La falta de recursos y una planificación deficiente siguen castigando a los cántabros.
Desde diversos sectores se denuncia que, más allá de las estadísticas, lo que existe es un abandono de la atención primaria y hospitalaria.
La ciudadanía exige medidas urgentes que pongan fin a esta parálisis que pone en riesgo la salud de miles de personas en la región.
