La situación en el Centro de Salud María Jesús Hereza, en Leganés, ha llegado a un punto crítico.

La Asociación Vecinal de San Nicasio ha alzado la voz para denunciar la falta de personal que sufre este centro, que atiende a miles de vecinos de los barrios de San Nicasio, Poza del Agua y Solagua.

Actualmente, el centro carece de siete plazas de médicos de familia, lo que representa el 35% de la plantilla necesaria.

Este déficit de profesionales se traduce en una espera de 21 días para que un paciente pueda ser atendido por su médico de cabecera.

La masificación es evidente, ya que el centro es el que cuenta con menor superficie construida de la zona, a pesar de tener que dar cobertura a una población creciente y diversa.

Los vecinos exigen que se cubran las plazas vacantes de forma inmediata y que se reduzcan las listas de espera.

Además, reclaman transparencia sobre el futuro del nuevo centro de salud de Solagua, cuya operatividad sigue siendo una incógnita para los residentes que ven cómo sus necesidades sanitarias son ignoradas por la administración.

La denuncia vecinal no es un caso aislado.

En otros puntos de la Comunidad de Madrid, colectivos como MATS han solicitado investigaciones sobre presuntas irregularidades en las listas de espera del hospital Ramón y Cajal, incluyendo acusaciones de manipulación de datos y coacciones a profesionales para rebajar la gravedad de los pacientes.

La falta de médicos y la gestión deficiente de los recursos humanos están provocando una brecha cada vez mayor entre las necesidades de la población y la capacidad de respuesta del sistema.

Los ciudadanos se sienten abandonados ante una administración que parece más preocupada por las estadísticas que por la atención real a los pacientes.

La exigencia de una auditoría independiente es cada vez más común, ante la sospecha de que los datos oficiales no reflejan la realidad que se vive en las salas de espera.

La situación en Leganés es un claro ejemplo de cómo la falta de inversión y la mala gestión terminan por quebrar un servicio público que debería ser la garantía de bienestar para todos los ciudadanos.