La deuda pública española se mantiene en niveles alarmantes, superando los 1,74 billones de euros.

Aunque el Gobierno intenta maquillar la cifra utilizando el porcentaje sobre el PIB, la realidad nominal es tozuda: el endeudamiento del Estado sigue siendo una losa que hipoteca el futuro de los ciudadanos.

Según los datos del Banco de España, la deuda ha crecido en más de 1.100 euros por habitante en el último año.

El Tesoro Público continúa su frenética actividad de subastas para financiar el gasto desmedido del Ejecutivo.

En la primera semana de noviembre, el Estado busca colocar miles de millones de euros en deuda, una dinámica que se ha vuelto insostenible.

La dependencia de los mercados financieros es total, y cualquier cambio en los tipos de interés del Banco Central Europeo supone un golpe directo a las arcas públicas.

Es necesario recordar que la deuda pública no es un número abstracto; es dinero que se detrae de servicios públicos esenciales para pagar intereses a los inversores.

Mientras el Gobierno se jacta de una supuesta estabilidad, la realidad es que el pasivo de las Administraciones Públicas sigue siendo uno de los más elevados del mundo, situando a España en una posición de extrema vulnerabilidad ante cualquier crisis externa.

La gestión del Tesoro, que ha tenido que elevar la rentabilidad ofrecida a los inversores para colocar sus letras, es el mejor termómetro de la desconfianza que genera la política económica actual.

Los hogares, ante la falta de alternativas de inversión seguras, han tenido que recurrir a la compra de deuda pública, convirtiéndose en los principales financiadores de un Estado que no sabe controlar su gasto.

La próxima publicación de los datos de deuda del tercer trimestre, prevista para diciembre, arrojará luz sobre la verdadera magnitud del agujero financiero.

Mientras tanto, el Gobierno sigue ignorando las advertencias de los organismos económicos sobre la necesidad de un ajuste presupuestario serio, prefiriendo el cortoplacismo electoral a la responsabilidad fiscal.

La ciudadanía debe ser consciente de que este nivel de endeudamiento no es gratuito.

Es una hipoteca que pagarán nuestros hijos y que limita cualquier margen de maniobra ante futuras recesiones.

La política de gasto sin control tiene consecuencias, y el peso de la deuda es la prueba más evidente del fracaso de la gestión económica del actual Ejecutivo.